Con el objetivo de supervisar el avance de equipamiento, Juan Antonio Magaña de la Mora, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial de Michoacán, visitó los juzgados de oralidad anexos al Cereso de la ciudad de Uruapan.

El magistrado presidente comentó que el próximo 3 de agosto entrará en vigor el nuevo sistema de justicia penal en las regiones de Uruapan y Zamora. Por tal motivo, indicó que el Poder Judicial trabaja de manera constante en la adecuación y construcción de espacios en los que se llevarán a cabo las audiencias orales, para así, cumplir con el mandato constitucional.

Dicho espacio, de 890m², cuenta con 2 salas de oralidad, oficinas de gestión, oficinas de jueces y administrativas; actualmente se tiene ya el mobiliario y equipo necesario para las áreas mencionadas. Además, se encuentra en proceso de instalación el sistema de audio y video, para que el desarrollo de las audiencias orales sea adecuado y responda a los principios del nuevo sistema.

La inmediación, que significa que el juez está presente físicamente en todas las audiencias; publicidad, cualquier persona puede asistir a ellas, de tal forma que las decisiones tomadas por el juzgador se emiten de cara a la sociedad en general; contradicción, ambas partes (fiscalía y defensa) tienen la posibilidad efectiva de contradecir los argumentos y pruebas de su contraria durante la audiencia; concentración, la mayor parte de los actos procesales se realizan en una sola audiencia o un número reducido de éstas, lo que permite que el proceso se abrevie; continuidad: las audiencias no son interrumpidas, de manera que los actos se realizan secuencialmente en el menor tiempo posible.

Magaña de la Mora señaló que el recurso financiero es parte fundamental para concretar en tiempo y forma la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal en Michoacán, de ahí la importancia de seguir contando con el apoyo de la federación para lograr este objetivo.

Finalmente, comentó que además de los trabajos en materia de capacitación, infraestructura y normatividad, la Reforma penal obliga a un cambio de cultura, en el que todos los sectores de la sociedad son importantes para la exitosa implementación de la misma.