Este día se firmó un convenio entre México SOS y Michoacán SOS, con el objetivo de poner en marcha el Observatorio Ciudadano Michoacán SOS, evento en el cual estuvieron presentes el presidente del Poder Judicial de Michoacán, Alejandro González Gómez, así como magistradas y magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y la integrante del Consejo para el nuevo sistema de justicia penal, la jueza Amalia Herrera Arroyo.

La actividad tuvo tres claros objetivos: la firma del convenio, la presentación de experiencias notables de colaboración entre ciudadanía y gobierno, y el establecimiento de la Mesa de Seguridad en Michoacán.

México SOS es una organización de la sociedad civil que promueve la participación comprometida y activa de ciudadanos e instituciones en la construcción y transformación de un México seguro. El convenio lo firmaron Alejandro Martí García, presidente de SOS México, y Alonso Gómez Sáenz, presidente de SOS Michoacán, teniendo como testigo de honor al titular del Poder Ejecutivo, Fausto Vallejo Figueroa.

Durante su intervención, Alejandro González Gómez, reiteró que el reto más importante del Gobierno del Estado de Michoacán en su conjunto es la implementación de la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal, la cual exige no sólo un cambio legislativo, sino un cambio cultural, que será posible a través de la asociatividad entre los tres poderes del Estado y la  sociedad civil organizada. Un cambio, dijo, que “debemos iniciarlo ya”.

Asimismo, puntualizó –tal como lo hicieron la mayoría de los oradores- la importancia de que la ciudadanía recupere la confianza en sus instituciones, lo cual en el caso del Poder Judicial se logra de “la suma del apego al Estado de Derecho más la independencia y autonomía del Poder Judicial”.

Las experiencias presentadas durante la actividad estuvieron a cargo de Felipe Borrego Estrada, secretario general de la SETEC (órgano implementador de la reforma penal a nivel federal); Martín Carlos Sánchez, de Renace; Edna Jaime Treviño, de México Evalúa; Miguel Ontiveros Alonso, subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, y Patricia Bugarín Gutiérrez, subprocuradora de Pro-víctima.

En general, las intervenciones versaron en la importancia de la corresponsabilidad entre los diferentes actores de la sociedad para lograr una adecuada implementación del nuevo sistema de seguridad pública y justicia penal; los retos que tienen las instituciones públicas para recuperar la confianza ciudadana, y el cambio de paradigma que representa un sistema más garantista y en el cual se ponderan los Derechos Humanos.