A casi dos años de haber entrado en funciones, los jueces de ejecución de sanciones penales en Michoacán realizaron la audiencia oral y pública número 1000 en esta materia.
Fue en octubre de 2012 cuando esta nueva figura jurídica entró en funciones en las seis regiones en las que se ha divido el estado para la implementación de la Reforma penal: Morelia, Zitácuaro, Uruapan, Zamora, Apatzingán y Lázaro Cárdenas; desde entonces a la fecha, los siete jueces han desempeñado su labor privilegiando en todo momento el pleno respeto a los derechos humanos de quienes se encuentran privados de la libertad o en medio de un proceso penal.
“Llegar a la audiencia mil es un logro importante y refleja además el trabajo constante que se ha venido realizando en las seis regiones; al mismo tiempo significa un paso adelante hacia la meta de implementar el Nuevo sistema de justicia penal”, comentó Félix Francisco Cortés Sánchez, juez de ejecución de sanciones penales de Morelia.
Por su parte, Luis Enrique Sánchez Cortés, también juez de ejecución de sanciones penales de Morelia, comentó que el reto para los jueces es seguir trabajando con la misma intensidad a fin de dar respuesta a las solicitudes de los internos, a través de las sentencias, “nuestro deber es seguir capacitándonos y anteponer el respeto a los derechos humanos como hasta ahora lo hemos hecho”.
Ambos jueces coincidieron en que a través de las audiencias de este tipo, se imparte justicia de calidad a la sociedad michoacana, puesto que se mantiene una capacitación permanente para los operadores jurídicos del nuevo sistema.
Con la figura de juez de ejecución de sanciones penales, el Poder Judicial de Michoacán se convierte en la autoridad competente para regular la ejecución de las sanciones penales, que hasta 2011 correspondía al Poder Ejecutivo.
Es así como los juzgados de ejecución de sanciones penales tienes las funciones de verificar el correcto cumplimiento de las penas impuestas en sentencia; garantizar la legalidad, transparencia y agilidad de los procesos de ejecución de sanciones y hacer respetar los derechos humanos de internos y sentenciados; resolver las solicitudes que formulen los sentenciados, sus defensores y la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social, sobre el otorgamiento de beneficios y sustitutivos penales; resolver las peticiones que realicen las víctimas u ofendidos sobre la ejecución de la reparación del daño; resolver los recursos que los internos (procesados y sentenciados) interpongan contra las determinaciones de las autoridades penitenciarias y supervisar las condiciones de los centros de reclusión, mediante visitas periódicas.
Con ésta y otras acciones, el Poder Judicial de Michoacán avanza en la implementación del nuevo sistema de justicia penal, brindando un servicio de impartición de justicia de calidad.